Vivienda

La vivienda no puede ser un negocio especulativo; es un derecho fundamental y, como tal, ha de ser protegido por las administraciones públicas y el poder judicial. ¡No más gente sin casas ni casas sin gente! ¡Ni un desahucio más! Nos negamos a permitir que haya gente durmiendo en la calle mientras el stock de viviendas vacías crece y crece. Nos negamos rotundamente a permitir que nos sigan oprimiendo para aumentar los beneficios de la banca, socializando sus pérdidas multimillonarias. Nos negamos a continuar pagando su deuda con nuestra sangre y nuestro sudor.

  • Exigimos que no haya personas sin hogar. Ni una persona sin una vivienda digna. Dentro del derecho a vivienda se incluyen el acceso a agua potable, luz y calefacción, como así lo ratifica el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
  • Exigimos que se realice un censo público del stock de viviendas vacías en propiedad de los bancos y que se establezca una ley que obligue a estos a ofrecerlas (salvo oferta de compra) en régimen de alquiler social. Exigimos también que cualquier vivienda pública, en particular aquellas que sean propiedad del SAREB (banco malo), se ofrezcan en alquiler exclusivamente, priorizando el alquiler social.

  • Exigimos la creación de una ley de endeudamiento. Esta ley permitiría la dación en pago de forma unilateral por parte de deudores en los siguientes casos: que el endeudamiento no permita la satisfacción de necesidades básicas de la persona deudora o avalista o que estas personas sean insolventes. Exigimos que esta ley se aplique con carácter retroactivo. Así mismo, el deudor podría mantener esa vivienda en régimen de alquiler social (cuota máxima: 30% de los ingresos embargables).
  • Exigimos que se establezcan bases legales sólidas que regulen y faciliten la petición de moratorias hipotecarias para aquellas personas que acrediten no poder hacer frente a sus deudas temporalmente, sin que esto suponga un aumento del importe total de la deuda.
  • Exigimos la despenalización inmediata de la ocupación cuando se trate de inmuebles que hayan permanecido vacíos durante más de 10 años y que sean utilizados para proyectos comunitarios autogestionados avalados por la comunidad en consulta popular. Exigimos también que esta despenalización tenga carácter retroactivo para las condenas judiciales emitidas a personas que ocuparon inmuebles para el desarrollo de dichos proyectos.

*Para todas aquellas exigencias que no sean competencia del Gobierno Vasco, se exigirá que Lehendakaritza envíe una petición formal a la administración competente y que, mientras tanto, en la medida de lo posible, se deje de aplicar la normativa que fuera en contra de dicha exigencia.

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